Recientemente la República Argentina comenzó a vivir una inédita y cambiante realidad a partir de las medidas y proyectos normativos con los que el nuevo gobierno nacional, que asumió en diciembre de 2023, busca implementar un modelo de desarrollo radicalmente diferente del que Argentina transitó a lo largo del siglo pasado. El carácter estructural de los cambios que se comienzan a implementar abre escenarios de incertidumbre en diferentes ámbitos (social, económico, político, institucional) y la Planificación Territorial no es ajena a ello.

En los meses pasados, desde SAPLAT hemos atendido a la coyuntura, analizando las propuestas del nuevo gobierno y marcando posición respecto del DNU N°70/23 y del proyecto de “Ley ómnibus”. Dada la evolución reciente de la realidad del país y habiéndose llegado a un punto en que parece estar claro el rumbo del gobierno nacional, SAPLAT entiende que el debate de nuestro Congreso Anual 2024 debería enfocarse en los escenarios e impactos territoriales del modelo económico e institucional que el actual gobierno nacional busca establecer y en las implicancias que tendría para la planificación territorial como política pública, disciplina y práctica profesional.

El actual gobierno nacional propone tres puntos estratégicos que impactarán sobre la estructura territorial y los procesos de desarrollo territorial:

1. El retiro del Estado de la inversión pública en áreas como vivienda, urbanización de barrios precarios, infraestructuras, educación, salud, energía, transporte, entre otras.
2. El retiro del Estado de la implementación de políticas públicas tendientes a equilibrar oportunidades entre los territorios y entre los diferentes grupos sociales. Entre ellas la planificación territorial.
3. El retiro del Estado de la regulación de las actividades económicas.

Complementariamente, el modelo político-económico-institucional propuesto pareciera implicar una posible fragmentación del territorio nacional, librando a las provincias a financiarse sólo con recursos propios, al desestimar el esquema federal solidario, que busca el equilibrio territorial a través de la coparticipación de impuestos recaudados por la nación. Esto remite a la década de los años 1990 cuando se hablaba de “provincias inviables”, desde una concepción economicista y reduccionista, que pone en riesgo la integración nacional (territorial y social).

La derogación vía DNU de la ley nacional 26.737 (dominio nacional de la propiedad de las tierras rurales), la “amplia desregulación económica”, el retiro del Estado de la obra pública troncal, la privatización de empresas públicas estratégicas, la derogación de leyes de protección de las economías regionales, la eliminación de fideicomisos estratégicos y, la des jerarquización de Ministerios con competencias en planificación territorial (Ambiente, Transporte, Hábitat, Obras Públicas, Desarrollo Territorial) resulta en una clara disminución de la capacidad y vocación estatal de planificación del desarrollo territorial a escala nacional.

En este contexto, cabe recordar a modo de ejemplo el profundo impacto que generó la desactivación de los ferrocarriles durante la década de 1990. El cierre de ramales ferroviarios a causa de la privatización implicó una fuerte y no planificada desestructuración territorial y social. Cientos de pequeñas ciudades y pueblos rurales de todo el país quedaron aislados, sin conexión con el resto del sistema urbano y se despoblaron aportando a la migración campo–periferia urbana. El alto impacto social y económico de esa política de retiro del Estado y privatización de un vector de estructuración territorial como fueron los FFCC nunca fue mitigado ni compensado.

Por otro lado como complemento, en aquel momento histórico no tan lejano, ocurrió el rápido desarrollo y consolidación del carácter agroindustrial de la “zona núcleo pampeana” ampliada, en base a la tecnologización de la agricultura (genética, fertilizantes, herbicidas e insecticidas, maquinaria)  y el monocultivo de soja (entre otros), lo que implicó la extensión de la frontera agrícola sobre bosques y humedales de las ecorregiones del espinal, chaco seco y chaco húmedo; la reestructuración del territorio a partir de las nuevas industrias y terminales portuarias fluviales exportadoras en el río Paraná (Rosafe) y las redes viales (rutas) de transporte en reemplazo del ferrocarril, el desarrollo de numerosas ciudades intermedias, la migración campo-ciudad, el vuelco del excedente económico agropecuario al negocio inmobiliario urbano entre otros muchos aspectos de implicancia territorial. Todo ello con sus fuertes consecuencias negativas ambientales y sociales y con la contracara de pasar a constituir una de las principales actividades productivas de exportación que generan ingreso de divisas al país pero que a su vez lo hacen dependiente de dicha actividad de manera casi excluyente. En aquel contexto el Estado acompañó al sector privado mediante regulaciones (y desregulaciones) necesarias para viabilizar el modelo de negocios impulsado por grandes firmas transnacionales, pero sin una clara visión de desarrollo territorial que permitiera tomar otras medidas proactivas para orientar el desarrollo de manera sostenible e integral.

Hoy se presentan desafíos para la planificación territorial derivados del desarrollo de actividades conflictivas, con fuerte potencialidad económica para generar divisas, con gran impulso de los intereses sectoriales (económico, político, tecnológico) y con resistencia social en una medida considerable, tales como la extracción e industrialización del Litio en el NOA; la industria hidrocarburifera en la Patagonia (Vaca muerta) y sus derivaciones; la minería en las provincias andinas y patagónicas; la pesca marítima, entre otros. También se presentan desafíos vinculados a una agenda menos conflictiva como el desarrollo de energías limpias a gran escala (solar, eólica, hidrógeno) no libres de efectos ambientales a mitigar; la adaptación de las actividades agropecuarias tradicionales a las restricciones los países importadores en materia de huella de carbono y deforestación; la conservación de la biodiversidad y la gestión del agua; la adaptación de las ciudades, infraestructuras y actividades económicas al cambio climático y, fundamentalmente, el impostergable desarrollo humano que Argentina necesita mejorar y que requerirá crear y dignificar miles de empleos, urbanizar barrios precarios, generar vivienda accesible para la clase media, sostener sistemas de educación, salud y transporte que alcancen a toda la población de manera equitativa (entre otros aspectos).

Estos desafíos pueden encontrarnos como nación sin una estrategia territorial, sin un Estado nacional con capacidad y voluntad de regular, orientar y equilibrar, sin profesionales ni universidades para diagnosticar problemas y proponer soluciones. O, todo lo contrario.

En vistas de todo ello, nos preguntamos:

¿Cuáles serían los impactos territoriales de este modelo de desarrollo economicista, despojado de perspectiva social y ambiental?

¿Cómo se verificarían los efectos en las diferentes escalas: Vivienda, ciudad, economías regionales, infraestructuras troncales, integración nacional, integración regional?

¿Quién ocupará el rol de planificador del desarrollo a escala nacional? ¿Existirá tal cosa?

¿Quién planificará para la integración nacional coordinada, federal y sostenible?

¿Es de interés del “sector privado” ocupar tales roles?

¿Volveremos a pensar en territorios inviables en Argentina? ¿Qué nos dice el pasado sobre experiencias similares?

¿Quién definirá los objetivos y las estrategias de desarrollo nacional, el sector privado? ¿Podría seguir hablándose de desarrollo nacional, tiene sentido la noción de nacional?

¿Qué rol deberían asumir los gobiernos del nivel provincial y municipal? ¿Es una oportunidad para fortalecer la descentralización y la regionalización o es mayor el riesgo de descoordinación y balcanización nacional?

¿Es razonable argumentar que “lo que no es económicamente rentable no es socialmente deseable” como lineamiento para el desarrollo territorial?

¿El mercado puede reemplazar al Estado como promotor del desarrollo territorial equilibrado y sostenible?

¿Cómo se planificarán los sectores estratégicos para el desarrollo nacional tales como la vivienda, el desarrollo urbano, las economías regionales, la matriz energética, las infraestructuras troncales de conectividad y transporte?

¿Las obras estratégicas, de interés para el desarrollo nacional (energía, transporte, telecomunicaciones, educación), las puede planificar el sector privado? ¿Qué rol jugaría el Estado en ese escenario?

¿Cómo se gestionarán los nuevos riesgos climáticos y sus impactos en las ciudades, infraestructuras y economías regionales?

¿Cuáles serían principios o lineamientos razonables para una acción complementaria y socialmente deseable entre el Estado y el mercado?

¿Cómo se daría continuidad a compromisos internacionales como los asumidos en relación al cambio climático, biodiversidad, desertificación, reducción de riesgos, derechos humanos, agenda urbana, hábitat, entre otros?

SAPLAT
Comisión Directiva
Mayo de 2024