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Extractivismo urbano y alquileres en la norpatagonia andina

En las ciudades turísticas de la norpatagonia andina, el alquiler para residentes se ha transformado en un drama. Por un lado, las políticas públicas de acceso a la vivienda no alcanzan a atender el déficit habitacional que ya lleva décadas. Por otro, la oferta privada resulta excluyente para amplios sectores no sólo por los altos montos de alquiler sino, particularmente en la temporada de alta afluencia turística, directamente por la salida del mercado de viviendas de alquiler permanente y su reorientación a la demanda turística.
Se ha producido en tiempos recientes un giro violento e indisimulable hacia un criterio especulativo de las urbanizaciones y de la oferta existente de vivienda para alquiler. El renacer del turismo local (luego de más de un año de restricciones pandémicas), la construcción del imaginario de lo paradisíaco y la promoción de estas áreas como una alternativa saludable frente a la vorágine de las megaciudades han confluido a este escenario de sobredemanda.
Así, en estas localidades más emblemáticas de la Cordillera Norpatagónica se ha puesto por delante la satisfacción de las necesidades habitacionales de dos grandes grupos: los de clase alta y muy alta, por un lado, y por otro la demanda turística. En consecuencia, sus habitantes se ven inevitablemente desplazados, pues la ciudad no tiene lugar para ellos, aun a pesar de que resultan parte indivisible del tejido productivo. Conclusión: elitización impulsada por el extractivismo de tipo urbano, turistificación y segregación socioterritorial.

Esta dinámica no es nueva pero se ve profundizada por la llegada a nuestras ciudades de la cordillera norpatagónica de nuevos migrantes, fenómeno incrementado apreciablemente (aunque no suficientemente medido) tras la ocurrencia del Covid-19. De ahí que según un reciente informe de Reporte Inmobiliario en la norpatagonia andina (Bariloche) se registra los precios de m2 construido más caros del país. En Villa La Angostura en 2012 había 5 inmobiliarias y en 2021 existen más de 20.

La situación muestra la falta de una mirada territorial integral: el fomento del turismo receptivo, con todo lo que puede tener de favorable para los territorios, necesita una política territorial en los destinos turísticos para que la buena noticia de la afluencia de visitantes no sea sinónimo de malas noticias para residentes sin vivienda propia. La agenda local debe incluir la definición de un modelo de turismo, basado en la sostenibilidad ambiental y la compatibilidad social con los territorios para prevenir y atender a la “sombra del turismo”, entendida como las consecuencias regresivas en términos de desarrollo local de destinos turísticos.

Herramientas existen y son conocidas; y se pueden diseñar nuevas.. Espacios de gobernanza de la planificación territorial también existen, consagrados por constituciones y normativas.
Falta la confluencia de voluntades políticas en la implementación de herramientas de ejecución concreta y efectiva.
El enfoque territorial de los problemas demanda abordajes multiactorales, multidimensionales y multiescalares.

Los municipios, como actor estatal a cargo de la regulación y el diseño de los territorios, aparecen débiles frente a dinámicas extra-locales con potente incidencia en las comunidades y ambientes locales. El contexto de pandemia amplió y profundizó la necesidad de estrategias de cuidado y desarrollo sustentable, y así sobredemanda al estado municipal, el que tal vez tiene mayor comprensión de los activos, déficits y problemas de sus comunidades y, por tanto, quienes están mejor situados como iniciadores, catalizadores y conductores de los procesos de desarrollo socioeconómico, ambiental e institucional local pero al mismo tiempo disponen de grados limitados de autonomía política, administrativa, económica y financiera e institucional.

Se hace necesaria mayor articulación de las políticas públicas entre los niveles de estado en favor de los sectores que no pueden esperar.
También, las y los residentes que disponen de propiedades para alquiler deben dar lugar a una ética comunitaria que limite las ansias de extremar las ganancias a cualquier costo, apostando a los dos negocios (alquiler permanente de marzo a diciembre vs. alquiler turístico en temporada). Las y los afectados pueden organizarse para impulsar soluciones amplias y políticas para un problema que no es individual.
Las entidades académicas y sociales debemos contribuir a la construcción de soluciones y de poder local para lograr una política de acceso a la vivienda digna y para todxs.

En las crisis, quienes menos tienen deben lidiar con menos posibilidades de afrontar nuevas dificultades, acrecentando de esta manera situaciones pre-existentes de vulnerabilidad. No puede ser que los momentos de recuperación también les traigan malas noticias. Es urgente asumir este problema vinculado a un derecho básico.

 

SAPLAT Regional Patagonia Norte
(Sociedad Argentina de Planificación Territorial)

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