La temática del hábitat constituye uno de los derechos más vulnerados en relación con el acceso a la ciudad en nuestro país. No se trata únicamente de infraestructura: hablamos de condiciones materiales que estructuran la posibilidad real de ejercer ciudadanía.En este marco, resulta imposible no referir tambien a la situación actual del PROMEBA (Programa de Mejoramiento de Barrios -BID/Nacion/Pcias/municipios), uno de los programas integrales más emblemáticos en materia de mejoramiento barrial en Argentina, con más de 23 años de trayectoria. Tuve y tengo el honor —porque sigo sintiéndome parte— de integrar este programa desde casi sus inicios. A nivel nacional comenzó en 2003 y me incorporé en 2005. Desde entonces, en el país se ejecutaron aprox. 600 proyectos; en Entre Ríos, alrededor de 25; y en Paraná, 6 proyectos que beneficiaron a aproximadamente y de manera directa a más de1500 familias.Hoy, ante el proceso de cierre de la línea de crédito que lo financiaba, PROMEBA deja de existir. Con ello no solo se interrumpe una política pública, sino también una forma de entender la intervención estatal en el territorio.PROMEBA fue —y es— mucho más que obra pública. Fue una política integral que articuló infraestructura, regularización dominial, fortalecimiento comunitario y acompañamiento social. Fue también una verdadera escuela de interdisciplinas: ingenieros, arquitectos, trabajadores sociales, equipos ambientales y legales trabajando con un objetivo común —mejorar la calidad de vida de los sectores más empobrecidos y garantizar derechos básicos como el acceso al agua, al saneamiento, a la conectividad y a la seguridad en la tenencia de la tierra. No estábamos frente a una obra física aislada, sino ante bienes respaldados por el marco constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos que el Estado argentino ha suscripto y debe garantizar.En Paraná hoy quedan dos proyectos truncos: uno gestionado desde 2017, que logró iniciarse en 2023 y que hacia fines de diciembre comenzó a evidenciar su vulnerabilidad; y otro con un 64% de avance físico. Un 64% que generaba expectativas de continuidad, considerando que se había anunciado que las obras con más del 50% no correrían riesgo. ¿Qué implica esta interrupción? Implica no solo la paralización de obra pública, sino la afectación directa de derechos sociales básicos. Implica profundizar desigualdades urbanas, reinstalar riesgos socio-ambientales que estaban en proceso de mitigación y debilitar procesos de integración a la trama urbana. Implica también retroceder en seguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra.Desde el Trabajo Social entendemos que la infraestructura urbana es un determinante central de la cuestión social. Cuando se detiene una política de esta magnitud, no solo se suspenden trabajos: se profundizan brechas y se reinstala incertidumbre en cientos de familias. Si bien a nivel local se han generado estrategias que intentan sostener intervenciones y amortiguar el impacto, sabemos que no resultan suficientes frente a la magnitud de las obras de infraestructura que este programa financiaba y que permitían reducir riesgos socio urbanos a gran escala. En lo personal, me interpela profundamente pensar cómo se reconstruyen estos procesos interrumpidos. Y, más complejo aún, cómo se explica a cientos de familias que el acceso a derechos básicos —agua segura, saneamiento, calles transitables, seguridad en la tenencia— hoy parece transformarse en un privilegio y no en una garantía.El desafío profesional es seguir sosteniendo, con fundamentos técnicos, que el hábitat no es gasto público: es inversión social estructural y una obligación indelegable del Estado porque cuando se interrumpe una política de estas características, no se detiene solo una obra; se suspenden trayectorias de inclusión.

Yanina Ramirez, licenciada en Trabajo Social