Lo que duele: La interrupción de un proceso de construcción de política pública.
En la Argentina reciente pocas iniciativas en materia urbana lograron reunir las condiciones necesarias para consolidarse como política pública estructural. La integración socio-urbana de barrios populares fue una de ellas.

Poner en Agenda la desigualdad, la segregación, la fragmentación de las ciudades con una tarea de relevamiento de organizaciones sociales y políticas en todo el país, y que se transforme en ley, fue un hecho inédito y trascendente. Por eso, el cierre de la Secretaría de Integración Socio Urbana no puede leerse como una reestructuración administrativa, supone la interrupción de un proceso de construcción que había comenzado a configurar una política urbana de Estado.

Guillermo O’Donnell y Oscar Oszlak definen la política pública como la “toma de posición del Estado frente a una cuestión socialmente problematizada”. Desde esta perspectiva, el Estado no actúa simplemente mediante programas aislados, sino cuando reconoce formalmente una problemática como asunto público que exige intervención institucional.

En estos términos, la integración socio-urbana logró ingresar en la agenda estatal como cuestión socialmente problematizada, superando el estadio de demanda sectorial para adquirir reconocimiento formal y normativo. La sanción de la Ley 27.453 (2018), la creación de instrumentos específicos y la consolidación de una estructura administrativa propia marcaron ese pasaje: de iniciativas fragmentarias a una política con pretensión estructural.

La magnitud del problema justificaba esa centralidad. El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) identificó más de 6.400 barrios populares en el país, con más de 1.200.000 familias con déficits severos de acceso a infraestructura básica, servicios urbanos y regularización dominial.

Cuando el Congreso aprueba la ley (unanimidad en el Senado y mayoría abrumadora en Diputados), estaba reconociendo formalmente una realidad previamente documentada y socialmente legitimada. La integración socio-urbana también logró articular con muchos esfuerzos, resultados disímiles y altibajos, acuerdos transversales entre oficialismos, oposición y actores territoriales.

Una política adquiere carácter estructural cuando, además del reconocimiento formal del problema, desarrolla capacidades institucionales, equipos de trabajo, dispositivos burocráticos, financiamiento estable y continuidad en el tiempo. La creación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), con fuente específica de financiamiento, permitió dotar a la política de previsibilidad presupuestaria y planificación plurianual. La continuidad de la política entre administraciones de distinto signo (Macri-Fernández) reforzaba su potencial carácter estructural.

El cierre de la Secretaría no implica únicamente la eliminación de una dependencia administrativa. Desde una perspectiva institucional, supone la interrupción de un proceso de acumulación de capacidades, saberes técnicos y articulaciones territoriales, que de manera incipiente se comenzaba a construir.

Lo que no sorprende: El cierre como decisión ideológica
El cierre de la Secretaría de Integración Socio Urbana no puede comprenderse aisladamente del marco ideológico del actual gobierno libertario. No se trata simplemente de reorganización de competencias o racionalización del gasto, sino de una redefinición explícita del rol del Estado.

La propia narrativa gubernamental ha sostenido la necesidad de “achicar el Estado” y, en términos incluso más radicales, de “destruir el Estado desde adentro”. El punto central no es la evaluación técnica de la eficiencia de la SISU, sino la negación del propio concepto de política pública como dispositivo estructurante encaminado a resolver la desigualdad territorial, social, económica y simbólica de las ciudades y pueblos de nuestro país.

En ese sentido, el cierre no es neutral. Expresa un desplazamiento ideológico que cuestiona la legitimidad misma de la acción estatal en la producción de ciudad. No se trata solamente de una política que se descontinúa; se trata de una concepción del Estado que impugna la idea de política urbana como política de Estado.

La tarea hacia adelante: Reconstruir agenda, capacidades y consensos
Mas allá de la necesaria denuncia se presenta como tarea colectiva superar el discurso elegíaco para reconstruir agendas, capacidades y consensos. Si la integración socio-urbana articuló legitimidad territorial y consenso político, la tarea hacia adelante exige recuperar esas dimensiones en un contexto adverso.

En el plano técnico, resulta imprescindible:
• Preservar y sistematizar los aprendizajes de lo realizado con una evaluación de cada experiencia.
• Repensar las metodologías y los proyectos de integración para que superen la provisión de servicios básicos (desde ya imprescindibles), para incrementar su multidimensionalidad, superar la delimitación de los polígonos y mejorar la articulación con los actores territoriales.
• Rediseñar las políticas de los Institutos provinciales de vivienda (espacios institucionales que aún persisten), para que aborden los temas de Integración socio-urbana.

En el plano político, el desafío es aún mayor:
• Reconstruir consensos transversales que permitan reinstalar la integración socio-urbana como cuestión estructural.
• Evitar que el debate se reduzca sólo a la defensa corporativa de una estructura administrativa, para poner en el centro la discusión del tema de la política pública y la justicia espacial.
• Dialogar con los responsables políticos de ciudades y provincias para que expresen de manera clara y sin especulaciones la necesidad de aplicar la ley que aún está vigente.

Más allá del clima de época, la desigualdad urbana persiste y desde nuestros espacios debemos aportar para que el sistema político argentino sea capaz de volver a asumirla como problema público central.

La discusión abierta no es meramente administrativa ni presupuestaria. Es una disputa sobre el rol del Estado en la producción de ciudad. Perder una estructura no implica renunciar a la cuestión, la desigualdad urbana persiste y desde nuestro espacio debemos aportar a volver a asumir el tema como problema público central. “Tendencia no es fatalismo”, decía Jaime Lerner.

Roberto Monteverde
Instituto de Gestión de Ciudades – Rosario
IGC dio soporte técnico al Proyecto de Urbanización en Nuevo Alberdi (Rosario).
https://www.igc.org.ar/nuevoalberdi/