Desde la Sociedad Argentina de Planificación Territorial (SAPLAT), como colectivo de planificadores y planificadoras de la República Argentina, ponderamos el conocimiento en sus diversas  formas como parte esencial de toda decisión de política pública en una sociedad democrática.
La aprobación de la Ley de Zonificación Minera en la Provincia del Chubut da por tierra una serie de principios básicos que debe tener cualquier iniciativa que impacte sobre el ordenamiento territorial, una mirada intergeneracional sobre el ambiente, la complementariedad sobre las actividades en el territorio y sus posibles impactos, pero sobre todo una comprensión sobre la importancia de la participación social y la legitimidad en las medidas que se toman para transformar un territorio.
Destacamos aquí uno de nuestros pilares fundacionales, el Documento (4 X 4) + 1 – Bases para una Agenda Nacional de Planificación Territorial:

“La problemática ambiental necesita de instrumentos conceptuales y operacionales para la planificación y gestión urbana y territorial, que permitan restablecer un equilibrio entre el hombre y la naturaleza y fundamentalmente entre los sistemas económicos, los recursos naturales y los habitantes de nuestros territorios en relación con el presente y al futuro económico, ambiental y social.”

No se puede tomar decisiones, votar leyes y sostener su implementación sobre la base de represión, violencia y ausencia de información pública y discusión que permitan un consenso amplio sobre el rumbo que debe ir una comunidad en una sociedad democrática.
Diversas instituciones públicas de la Provincia han establecido posicionamientos basados en conocimiento científico y una parte importante de la comunidad chubutense se encuentra movilizada en contra de esta Ley y sus versiones anteriores desde hace casi dos décadas. La pérdida de estado parlamentario de una iniciativa popular acompañada con más de cuarenta mil firmas de ciudadanos de la provincia no es fundamentación suficiente para no seguir buscando la construcción de consensos.
Finalmente, el 22 de abril de 2021 entró en vigencia el llamado Acuerdo de Escazú. Se trata de un tratado internacional, que por lo tanto tiene rango constitucional y que obliga a los estados a garantizar el acceso a la información pública ambiental, garantizar la participación popular en la materia, la protección de defensores del ambiente y el principio de no regresión y de progresividad en materia ambiental.
En pos de construir una sociedad más democrática, más igualitaria, más consciente, acompañamos la lucha del pueblo de la Provincia del Chubut y solicitamos que no haya más represión y la derogación de la Ley de Zonificación Minera.